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El matrimonio - ¿Qué dice el Derecho Civil Español?

¿Qué dice el Derecho Civil Español?

El punto de partida del sistema matrimonial español lo constituyen diversos preceptos constitucionales. El art. 10 reconoce la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad y el art. 14 proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley y la no discriminación. El art. 16 garantiza la libertad religiosa y la no obligatoriedad de hacer declaraciones sobre la propia ideología o creencias, así como la aconfesionalidad del Estado. Finalmente, el art. 32 afirma: "1) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2) La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos".

"Legalmente no puede exigirse más a los que se unen en matrimonio: ni que tengan que ordenar las nupcias a la procreación y educación de los hijos, ni el compromiso de fidelidad, ni la permanencia estable de la comunidad conyugal; todo esto y mucho más cae dentro del plan ético que los cónyuges se tracen u observen. La matrimonialidad del consentimiento para que éste sea válido no alcanza más allá de la heterosexualidad y de la constitución de una comunidad interpersonal que profundiza en intimidad y plenitud. Los derechos y deberes no son esenciales y, como tales, estructuradores del acto jurídico matrimonial, y su incumplimiento solamente constituye causa de separación por afectar al desenvolvimiento de la comunidad conyugal" (2).

El Código Civil no menciona la discapacidad intelectual, ni siquiera la incapacitación, entre los impedimentos para contraer matrimonio. Sin embargo, el art. 56 señala que “si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas se exigirá dictamen médico sobre la aptitud para prestar consentimiento”. Nuevamente nos encontramos con que la capacidad de la persona con síndrome de Down para contraer matrimonio se concreta en la aptitud para prestar el consentimiento. Recordemos que en esta decisión participan importantes componentes no racionales (afectivos, emotivos) que influyen notablemente y llegan a desplazar a los racionales típicos del acto jurídico. Y de ello puede concluirse que la aptitud para prestar consentimiento matrimonial no será la misma que para consentir en cualquier otro negocio jurídico (3). Por otra parte, no puede olvidarse que en nuestro Derecho puede ser válido el matrimonio de un mayor de 14 años siempre y cuando tenga la dispensa judicial pertinente, excepción que, como dice acertadamente Natalia Álvarez en la obra que acabamos de citar, “sin que se pretenda utilizar como argumento para rebajar lo que debe ser el consentimiento matrimonial, pone de relieve que el ordenamiento jurídico, en aplicación del principio favor matrimonio, tolera que ciertas personas que no poseen completo desarrollo de sus facultades intelectuales contraigan matrimonio con plenos efectos”.

Es el Juez quien tiene la última palabra. Pero no se puede olvidar que la discapacidad intelectual obedece a situaciones definidas por múltiples y complejos factores metajurídicos, poco susceptibles de encontrar en ocasiones acomodo dentro de la rigidez que supondría la existencia de una definición o regulación jurídica cerrada. En relación con los miembros más débiles de la sociedad, resulta evidente que el Derecho tiene una finalidad eminentemente protectora, tanto de su integridad psicofísica como de su formación moral y cultural. No cabe duda que la persona con síndrome de Down, por su particular condición natural, puede resultar especialmente vulnerable a determinados riesgos y problemas de la vida conyugal en grado distinto al resto de la población, por lo que se requieran medidas de protección específicas; pero tampoco se puede dudar que habrá de evitarse en todo momento cualquier desigualdad de tratamiento que resulte injustificada, cualquier intromisión desproporcionada (en sus medios o en sus finalidades) o que carezca de base objetiva y razonable. Deberemos movernos entre el respeto y la tutela.

La praxis del matrimonio de las personas con síndrome de Down debiera hacerse desde la propia realidad del individuo, sus demandas e intereses, abriendo cauces para el desarrollo cada vez más pleno de sus potencialidades. La capacidad de los futuros esposos no ha de ser tan exigente que diluya el propio derecho fundamental al matrimonio, ni tan exigua que ponga en peligro grave la calidad del compromiso que el matrimonio entraña. No son sostenibles por más tiempo apreciaciones basadas en estereotipos y prejuicios, fruto del desconocimiento de la realidad actual del síndrome de Down, y que suponen una profunda y grave irresponsabilidad.

Me parecen acertadas las palabras de Yolanda Gómez cuando dice que "contraer o no matrimonio es un aspecto de la libertad personal, de la libertad del individuo; por tanto, lo que interesa destacar es que la vinculación de los poderes públicos no implica más que el respeto a tal derecho y, en su caso, la eliminación de las circunstancias que impidieran su ejercicio libre" (4). Se proclama, por tanto, el derecho al matrimonio como un derecho básico y universal de la persona: constituye un postulado de la dignidad humana y, en cuanto tal, uno de los derechos inviolables de todo hombre y mujer y, sobre todo, "forma parte de ese desarrollo de la personalidad que se vería interrumpido si, alcanzada la edad núbil, se le negara el acceso a la unión conyugal en la que el hombre y la mujer llegan a ser ellos mismos en íntima fusión con el sexo opuesto" (5). El derecho a casarse es una expresión de la dignidad y autonomía de la persona y, en consecuencia, no puede privarse a nadie de la libertad para ejercer tal derecho y debe garantizarse adecuadamente la eliminación de cualquier obstáculo para su ejercicio por causas ajenas al mismo matrimonio.

Tiene especial interés la Resolución de la Dirección General de Registros y Notarías de 1 de Diciembre de 1987, que aborda el problema frontalmente. Ante la duda de autorizar o no el matrimonio a un varón de 35 años y una mujer de 19, embarazada como resultado de su convivencia, por encontrarse ambos afectados de una discapacidad intelectual de grado leve, la Juez Encargada del Registro Civil denegó su celebración. Recurrida esta decisión por los pretendientes, se emitió la mencionada Resolución autorizando la celebración de dicho matrimonio (6). Los jueces están para aplicar las leyes, no son sus dueños. A la persona con síndrome de Down no hay que integrarla en el ordenamiento jurídico; pertenece a él, o, mejor dicho, es sujeto activo y protagonista de él, como todos nosotros. Donde probablemente no esté integrado es en la sociedad. Por ello, el Derecho debe proveerle de los instrumentos necesarios para que lo consiga. Es decir, la función del Derecho consiste en articular las medidas precisas para que, en lo posible, el deficiente mental pueda comportarse como cualquier otro ciudadano y, en suma, exigir las prestaciones públicas, cumplir sus obligaciones y ejercer los derechos de que es titular.