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José Ramón Amor Pan

Introducción

Ya quedó claro en mi anterior exposición La pareja: amigos, compañeros y novios… que, en general, se piensa que las personas con síndrome de Down no están en disposición de contraer matrimonio. Existen opiniones excesivamente simplistas, según las cuales las personas con síndrome de Down son incapaces, sin más, por el mero hecho de su discapacidad intelectual, de acceder al matrimonio. Esto tiene que cambiar. Lo volveré a repetir: no basta con afirmar a nivel de principios generales que las personas con síndrome de Down son seres sexuados, sino que hay que descender al terreno de la praxis concreta. El amor compartido es fuente de satisfacción sentimental y de seguridad psicológica. Sentirse elegido y amado de una manera prioritaria, privilegiada, única, es algo nuclear para el ser humano. La pareja estable y jurídicamente reconocida es su mejor cauce; las relaciones breves, superficiales, no sólo no permiten profundidad y estabilidad en los afectos, sino que frustran al individuo y fragmentan su personalidad.

Una cosa está clara: hablando con jóvenes y adultos con síndrome de Down se perciben claramente sus deseos de casarse. ¿Pueden hacerlo? Estamos ante el reto de la vida adulta y uno de sus elementos es la vida conyugal. Esto no se improvisa. No hay razones para impedir por principio el matrimonio a toda persona con síndrome de Down, ya que se trata de un derecho básico de la persona, que sólo puede negarse cuando existan motivos graves y seguros. Es importante recordar ya desde ahora que el ordenamiento jurídico no impide el matrimonio entre personas con discapacidad intelectual (1). No todos llegarán ni tienen por qué llegar, pero los que puedan llegar y quieran llegar no deben encontrar obstáculos suplementarios, ¿me explico? Al tratarse de un derecho básico de la persona, el que lo niegue tiene la carga de la prueba. Cualquier limitación debe ser razonada y su justificación se probará por parte de quien la solicite a través del pertinente procedimiento reglado, siempre teniendo como valor máximo a respetar y potenciar el bien de la persona con síndrome de Down, a la que hay que informar convenientemente sobre los pormenores que afectan a la realización de su propia existencia. Hoy nos vamos a ocupar de analizar la regulación jurídica en nuestro Derecho y en el Derecho de la Iglesia Católica.


¿Qué dice el Derecho Civil Español?

El punto de partida del sistema matrimonial español lo constituyen diversos preceptos constitucionales. El art. 10 reconoce la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad y el art. 14 proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley y la no discriminación. El art. 16 garantiza la libertad religiosa y la no obligatoriedad de hacer declaraciones sobre la propia ideología o creencias, así como la aconfesionalidad del Estado. Finalmente, el art. 32 afirma: "1) El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. 2) La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos".

"Legalmente no puede exigirse más a los que se unen en matrimonio: ni que tengan que ordenar las nupcias a la procreación y educación de los hijos, ni el compromiso de fidelidad, ni la permanencia estable de la comunidad conyugal; todo esto y mucho más cae dentro del plan ético que los cónyuges se tracen u observen. La matrimonialidad del consentimiento para que éste sea válido no alcanza más allá de la heterosexualidad y de la constitución de una comunidad interpersonal que profundiza en intimidad y plenitud. Los derechos y deberes no son esenciales y, como tales, estructuradores del acto jurídico matrimonial, y su incumplimiento solamente constituye causa de separación por afectar al desenvolvimiento de la comunidad conyugal" (2).

El Código Civil no menciona la discapacidad intelectual, ni siquiera la incapacitación, entre los impedimentos para contraer matrimonio. Sin embargo, el art. 56 señala que “si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias o anomalías psíquicas se exigirá dictamen médico sobre la aptitud para prestar consentimiento”. Nuevamente nos encontramos con que la capacidad de la persona con síndrome de Down para contraer matrimonio se concreta en la aptitud para prestar el consentimiento. Recordemos que en esta decisión participan importantes componentes no racionales (afectivos, emotivos) que influyen notablemente y llegan a desplazar a los racionales típicos del acto jurídico. Y de ello puede concluirse que la aptitud para prestar consentimiento matrimonial no será la misma que para consentir en cualquier otro negocio jurídico (3). Por otra parte, no puede olvidarse que en nuestro Derecho puede ser válido el matrimonio de un mayor de 14 años siempre y cuando tenga la dispensa judicial pertinente, excepción que, como dice acertadamente Natalia Álvarez en la obra que acabamos de citar, “sin que se pretenda utilizar como argumento para rebajar lo que debe ser el consentimiento matrimonial, pone de relieve que el ordenamiento jurídico, en aplicación del principio favor matrimonio, tolera que ciertas personas que no poseen completo desarrollo de sus facultades intelectuales contraigan matrimonio con plenos efectos”.

Es el Juez quien tiene la última palabra. Pero no se puede olvidar que la discapacidad intelectual obedece a situaciones definidas por múltiples y complejos factores metajurídicos, poco susceptibles de encontrar en ocasiones acomodo dentro de la rigidez que supondría la existencia de una definición o regulación jurídica cerrada. En relación con los miembros más débiles de la sociedad, resulta evidente que el Derecho tiene una finalidad eminentemente protectora, tanto de su integridad psicofísica como de su formación moral y cultural. No cabe duda que la persona con síndrome de Down, por su particular condición natural, puede resultar especialmente vulnerable a determinados riesgos y problemas de la vida conyugal en grado distinto al resto de la población, por lo que se requieran medidas de protección específicas; pero tampoco se puede dudar que habrá de evitarse en todo momento cualquier desigualdad de tratamiento que resulte injustificada, cualquier intromisión desproporcionada (en sus medios o en sus finalidades) o que carezca de base objetiva y razonable. Deberemos movernos entre el respeto y la tutela.

La praxis del matrimonio de las personas con síndrome de Down debiera hacerse desde la propia realidad del individuo, sus demandas e intereses, abriendo cauces para el desarrollo cada vez más pleno de sus potencialidades. La capacidad de los futuros esposos no ha de ser tan exigente que diluya el propio derecho fundamental al matrimonio, ni tan exigua que ponga en peligro grave la calidad del compromiso que el matrimonio entraña. No son sostenibles por más tiempo apreciaciones basadas en estereotipos y prejuicios, fruto del desconocimiento de la realidad actual del síndrome de Down, y que suponen una profunda y grave irresponsabilidad.

Me parecen acertadas las palabras de Yolanda Gómez cuando dice que "contraer o no matrimonio es un aspecto de la libertad personal, de la libertad del individuo; por tanto, lo que interesa destacar es que la vinculación de los poderes públicos no implica más que el respeto a tal derecho y, en su caso, la eliminación de las circunstancias que impidieran su ejercicio libre" (4). Se proclama, por tanto, el derecho al matrimonio como un derecho básico y universal de la persona: constituye un postulado de la dignidad humana y, en cuanto tal, uno de los derechos inviolables de todo hombre y mujer y, sobre todo, "forma parte de ese desarrollo de la personalidad que se vería interrumpido si, alcanzada la edad núbil, se le negara el acceso a la unión conyugal en la que el hombre y la mujer llegan a ser ellos mismos en íntima fusión con el sexo opuesto" (5). El derecho a casarse es una expresión de la dignidad y autonomía de la persona y, en consecuencia, no puede privarse a nadie de la libertad para ejercer tal derecho y debe garantizarse adecuadamente la eliminación de cualquier obstáculo para su ejercicio por causas ajenas al mismo matrimonio.

Tiene especial interés la Resolución de la Dirección General de Registros y Notarías de 1 de Diciembre de 1987, que aborda el problema frontalmente. Ante la duda de autorizar o no el matrimonio a un varón de 35 años y una mujer de 19, embarazada como resultado de su convivencia, por encontrarse ambos afectados de una discapacidad intelectual de grado leve, la Juez Encargada del Registro Civil denegó su celebración. Recurrida esta decisión por los pretendientes, se emitió la mencionada Resolución autorizando la celebración de dicho matrimonio (6). Los jueces están para aplicar las leyes, no son sus dueños. A la persona con síndrome de Down no hay que integrarla en el ordenamiento jurídico; pertenece a él, o, mejor dicho, es sujeto activo y protagonista de él, como todos nosotros. Donde probablemente no esté integrado es en la sociedad. Por ello, el Derecho debe proveerle de los instrumentos necesarios para que lo consiga. Es decir, la función del Derecho consiste en articular las medidas precisas para que, en lo posible, el deficiente mental pueda comportarse como cualquier otro ciudadano y, en suma, exigir las prestaciones públicas, cumplir sus obligaciones y ejercer los derechos de que es titular.


¿Qué dice el Derecho de la Iglesia Católica?

Como telón de fondo cabe situar los siguientes principios generales (7):

• Por razón de su bautismo, todos los católicos tienen igual dignidad ante Dios y tienen el mismo llamamiento divino.
• Los católicos con discapacidad tienen derecho a participar en los sacramentos como miembros de pleno derecho de la comunidad eclesial.
• Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, estén bien dispuestos y no les sea prohibido por el Derecho.
• Los pastores son responsables de que, en la medida que lo permita su propia condición, se evangelice, se dé formación catequética y preparación sacramental a los feligreses con discapacidad.
• Se exhorta a las diócesis a establecer los servicios de apoyo adecuados para facilitar a los pastores la evangelización, la formación catequética y la preparación sacramental de los feligreses con discapacidad.
• En el curso de la toma de decisiones pastorales, es inevitable que los responsables de las mismas se encuentren con casos difíciles. Para tratar tales casos, se exhorta a las diócesis a establecer normas que respeten los derechos procesal y positivo de todos los concernidos, realizando previamente las consultas necesarias.

Todo esto puede chocar, porque no están tan lejos los tiempos en que se les negaba la Comunión, o se les daba de forma privada... Los tiempos, las formas y las comprensiones pastorales, gracias a Dios, han evolucionado, aunque a veces nos enfrentemos con reminiscencias del pasado. Pero vayamos al grano. Hemos de ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que, en ocasiones, el matrimonio se halla sobrecargado con ideales que exigen demasiado y por unas expectativas demasiado ambiciosas. Y por eso mismo, a lo mejor nos choca que, precisamente, las personas con síndrome de Down sean más realistas que nosotros. El matrimonio tiene que ser definido desde sí mismo; el ideal normativo habrá de ser explicitado desde el papel efectivo que dicha institución ejerce sobre el proceso de humanización de la persona.

Juridicismo y esencialismo han podido llevar a menudo a un irrealismo minimalista y rigorista. Gran parte de las personas con síndrome de Down en nuestro país están bautizadas en la Iglesia Católica y buena parte de ellas están integradas en instituciones asistenciales católicas. Un fundamental respeto a la fe que profesan y a los derechos que su bautismo les otorga obliga a plantearnos su situación ante un derecho/deber fundamental del bautizado: casarse por la Iglesia. Hay que ofrecerles fórmulas de vida para que esas uniones no queden en un mero compañerismo sexual.

Como contrato jurídico que es, al matrimonio se le aplica la teoría de contratos. De ahí que se afirme que de los tres elementos necesarios para la validez del matrimonio canónico (capacidad de las partes para contraer entre sí, consentimiento debido y forma prescrita) el más esencial de todos ellos, el que constituye su esencia, sea el consentimiento, ya que mientras los otros dos elementos dependen, en mayor o menor medida, de las leyes positivas, el consentimiento lo requiere la propia naturaleza del matrimonio. El Código de Derecho Canónico establece en el c. 1057: "1º) El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún poder humano puede suplir. 2º) El consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el varón y la mujer se entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para constituir el matrimonio".

El consentimiento se puede describir como el encuentro de la voluntad de un hombre y de una mujer en orden a la constitución de la relación conyugal. Ha de ser prestado libremente por las dos partes, sin que la declaración de voluntad en que consiste el consentimiento adolezca de defectos que vicien tal declaración. Este acto humano implica el uso de la razón y de la voluntad. El objeto de este consentimiento es la comunidad conyugal, de tal manera que este amor es la base y el soporte de todo el edificio matrimonial: se desea contraer matrimonio porque existe un amor que lleva a la unión conyugal. Esto implica que el matrimonio no puede ser fruto de una improvisación, ni mero producto de fuerzas inconscientes, ni una imposición venida de fuera. El matrimonio tiene que ser consecuencia de una decisión personal de los cónyuges, una decisión tan seria y comprometida como lo exige el tratarse de una de las opciones fundamentales de la existencia humana. La elección de cónyuge requiere compromiso, juicio, deliberación, libertad, madurez y equilibrio personal.

Pero la presencia de estos requisitos no se puede extremar ni magnificar, porque esas disposiciones deberán compaginarse con el derecho radical que todos los seres humanos tienen a casarse: los derechos naturales no se deben sacrificar en aras de unas exigencias legales o morales que, cuando se hacen desmedidas, terminan por lesionar la inviolable condición humana. Por consiguiente, es verdad que dicho acto puede estar obstaculizado por diversos defectos que afecten a las facultades intelectivas y volitivas que intervienen en el proceso psicológico del acto humano. Son los denominados defectos o vicios del consentimiento: aquellos que los padecen son incapaces de emitir un consentimiento naturalmente válido. Pero su posible existencia no debe magnificarse. "No se puede absolutizar el tema de la madurez: no sólo porque la madurez es siempre algo relativo, sino también porque en la madurez caben siempre diferentes listones y categorías" (9). A este problema apunta Juan Pablo II cuando afirma: "A veces se termina por confundir una madurez psíquica, que sería el punto de llegada del desarrollo humano, con la madurez canónica, que es en cambio el punto mínimo de partida para la validez del matrimonio" (10).

La incapacidad significa carencia absoluta de aptitud para ejecutar el acto, mientras que la dificultad implica sólo la presencia de obstáculos o inconvenientes para conseguir y desarrollar dicho acto. Lo que es difícil se puede llegar a conseguir poniendo el esfuerzo y la dedicación oportunos, y así es como de ordinario se van superando las dificultades que la vida va planteando. Como dice Panizo, "sólo cuando el esfuerzo y la dedicación necesarios para conseguirlo sean de tal envergadura o entidad que superen las fuerzas reales de la persona, estaríamos o mejor podríamos estar ante una dificultad calificable de insuperable" (10). Hay que subrayar con firmeza que el matrimonio es para la generalidad de los seres humanos y no únicamente para una élite privilegiada o mejor dotada. El canon 1096 afirma: "1º) Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. 2º) Esta ignorancia no se presume después de la pubertad".

Este canon indica el mínimo intelectual que los esposos deben tener en el momento de la celebración del matrimonio. El canon no dice que sea preciso que los cónyuges "sepan", sino sólo que "no ignoren": éste es un matiz de expresión muy digno de tenerse en cuenta, como si con él hubiera pretendido el legislador reafirmar la idea de que no se requiere un conocimiento técnico y cuidado, sino que basta un conocimiento vulgar y somero, acomodado a la capacidad de todos aquellos a quienes por derecho natural les está permitido el matrimonio. García Failde sienta un principio general, que enlaza con toda la tradición doctrinal y jurisprudencial: “La discreción de juicio requerida para el consentimiento matrimonial tiene que ser proporcionada al objeto del consentimiento; por tanto no es necesaria la plena y es suficiente la disminuida con tal que el grado de esta disminución no sea tanto que le haga perder aquella proporcionalidad” (11).

Como reconoce el canonista Díaz Moreno, “se ha puesto acertadamente de relieve, en relación con el suficiente uso de razón exigido por el canon 1095, que hay determinadas deficiencias mentales que son compatibles con ese suficiente uso de razón, exigido para la validez del consentimiento. Es decir, aun exigiendo, como ineludible, el uso de razón, necesario para que el acto sea verdaderamente humano, nos podemos encontrar con algunas perturbaciones mentales que son ciertamente compatibles con el uso de razón, ya que no hacen que se carezca de él, sino que de alguna manera lo modifican o lo dificultan” (12). Lo que queremos decir con todo esto es que habría que presumir, como norma general, la capacidad de la persona con síndrome de Down para contraer válidamente matrimonio canónico, pues los requisitos dispuestos por la actual regulación jurídica estarían cumplidos: existe suficiente uso de razón y discreción de juicio, proporcionados tanto al acto como a las personas que realizan dicho acto. Todos los otros elementos asumidos de la psicología serán una ayuda, necesaria o conveniente, para determinar si esta persona en concreto llega a ese mínimo de conocimiento o no, pero no pueden imponer una carga mayor que la señalada por ese precepto, que es de obligado cumplimiento.

Hay que insistir en que no es la persona con síndrome de Down la que tiene que probar que es capaz para contraer matrimonio, sino que será quien lo niegue el que tenga que probarlo, a través de la instrucción del correspondiente expediente. Las presunciones actúan en su favor; como afirmó Juan Pablo II, no debe caerse en el error de una "indebida sobrevaloración del concepto de capacidad matrimonial" (13). Esto lleva a Díaz Moreno a decir:

“El hecho cierto, del que hay que partir siempre, es que el deficiente mental es persona y, como bautizado, es persona en la Iglesia. La presunción, y presunción muy fuerte, es que le corresponden todos aquellos derechos fundamentales y radicales que nacen de su personalidad. Los derechos positivos, tanto en el campo civil como en el campo canónico, no tienen otra misión que reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos. Por consiguiente, lo que hay que probar no es la existencia de este derecho, sino la limitación de su ejercicio, exigida por el bien de la persona misma o por el bien de otras personas y del bien común. Teniendo presente cuanto la normativa y doctrina canónica establece sobre los deficientes mentales, la presunción general es que estos seres no tienen limitado el ejercicio del derecho fundamental a contraer matrimonio, sino que esta limitación debe probarse en cada caso y contexto singular” (14).

En términos generales, “la madurez puede considerarse como un fenómeno de evolución vital por el que la persona se capacita para responder adecuadamente a las demandas que ese medio le presenta, con unos niveles de acierto que sean coincidentes con la media estadística de los seres de su misma especie y de su mismo ambiente (...) La progresión en el crecimiento de los hombres ni es rectilínea ni homogénea ni traducible a reglas fijas e inmutables: cada ser humano cuenta con su propio proceso y hasta techo de maduración y crecimiento; son las posibilidades y potencias concretas de cada hombre las que se desarrollan y éstas no son iguales en todos los seres humanos" (15). Y en ese proceso, no lo olvidemos, los esposos cuentan con la ayuda de Dios para ir sorteando las dificultades de su vida en común. El nº 1642 del Catecismo de la Iglesia Católica, al hablar de la gracia del sacramento del matrimonio, afirma: "Cristo es la fuente de esta gracia. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos (GS 48,2). Permanece con ellos, les da fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros (cf Gal 6,2), de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo (Ef 5,21) y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo. En las alegrías de su amor y de su vida familiar les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de las bodas del Cordero... Donde la carne es una, también es uno el espíritu".


A modo de conclusión

El matrimonio conlleva obligaciones que hay que valorar, una de las cuales es la crianza y educación de los hijos, tema del que hablaré en una próxima colaboración. Esa es la gran preocupación de los padres: asegurar en lo posible la debida estabilidad y buena evolución de la relación matrimonial. Un padre me escribe: “Cuando nuestros hijos sin discapacidad se casan, allá ellos. No nos implica. Cuando nuestros hijos con discapacidad se casan, permanecemos involucrados todos, y la familia la primera. Es su matrimonio, es su derecho, de acuerdo; pero cuando tantas personas quedan implicadas, es necesario saber encontrar un equilibrio que sin duda es más difícil que cuando las personas mantienen su plena independencia”. Creo que en este tema no son aplicables módulos exactos ni reglas fijas, sino que la actuación ha de ir presidida por la prudencia y el máximo respeto a la persona con síndrome de Down concreta. Como señala Panizo, “no son cuestiones que se puedan resolver matemáticamente, como dos y dos son cuatro. Son cuestiones jurídicas y morales, a las que subyace la condición humana con toda su riqueza, con todos sus recovecos psicológicos, con los mil matices que cada personalidad encierra (…) La normativa del hombre es diferente de la norma estadística. Encasillar al hombre dentro de los parámetros muchas veces convencionales y siempre poco exactos de la normalidad y anormalidad es punto menos que imposible” (16). Una vez más hay que alertar sobre un posible exceso de protección; hay que moverse entre el respeto y la tutela, lo cual implica un esfuerzo permanente de autoevaluación, de crítica, para no pasarnos.

Probablemente a algunas personas les pueda parecer todo lo anterior un discurso hermoso y adecuado pero poco creíble: preguntémonos si no sucedía lo mismo cuando se empezaba a hablar de educación, de trabajo, de vida independiente para este colectivo... A pesar de todas las dificultades, y con los escasos ejemplos que tenemos todavía, comprobamos que el matrimonio entre personas con una discapacidad intelectual no acusa un mayor número de separaciones o de divorcios que el resto de la población. Funcionan. Como creyente, me gustan para terminar este trabajo las palabras que escribe Jean Vanier: “personalmente, tendería a confiar en una pareja que anuncia el deseo de casarse, que se toma el tiempo necesario para profundizar el sentido de su matrimonio sin precipitarse en relaciones sexuales, y que acepta ser acompañado (...) Si la pareja pone su unión bajo la mirada de Dios a través del sacramento del matrimonio, no para tener una bonita fiesta, sino debido a su confianza en Dios y en su Iglesia, entonces confiaría todavía más en ella. Dios hace maravillas en los corazones sencillos y pobres” (17).


Referencias bibliográficas

1 Cf. BROWN, R.I., Quality of life for handicapped people (Croom Helm, London 1997); GAFO, J., “Perspectivas éticas en la sexualidad de las personas con deficiencia mental”, en AA.VV., Afecto y sexualidad en los deficientes mentales (FEAPS, Madrid 1988), p. 70; PERERA, J., “Las personas con síndrome de Down: calidad de vida y futuro”, en AA.VV., Síndrome de Down. Revisión de los últimos conocimientos (Espasa, Madrid 2000), pp. 31-53; SAINZ DE ROBLES, F.C., “Los deficientes mentales ante la ley”, en GAFO, J. (Ed.), La deficiencia mental: aspectos médicos, humanos, legales y éticos (UPCO, Madrid 1992), p. 193.

2 LÓPEZ ALARCÓN, M., El nuevo sistema matrimonial español (Tecnos, Madrid 1983) , p. 68.

3 Cf. ÁLVAREZ LATA, N., “La actuación de la persona con retraso mental (incapacitada o no incapacitada) en la esfera jurídico-privada”, en SEOANE, J.A. (coord..), Derecho y retraso mental: Hacia un estatuto jurídico de la persona con retraso mental (Paideia, A Coruña 1999), pp. 248-253. Otras dos obras fundamentales realizadas por este grupo de profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, bajo el patrocinio de la Fundación Paidea, son: Normativa jurídica básica de las personas con discapacidad (2001) y El mayor interés en la esfera del incapaz (2002).

4 GÓMEZ, Y., Familia y matrimonio en la Constitución española de 1978 (Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid 1990), p. 180.

5 GONZÁLEZ MORÁN, L., "El Derecho Civil ante el matrimonio de los deficientes mentales", en GAFO, J. – AMOR, J.R. (eds.), Matrimonio y deficiencia mental, p.149.

6 Cf. ARECHEDERRA ARANZADI, L.I., El consentimiento matrimonial (Universidad de Navarra, Pamplona 1989), pp. 74-77.

7 OBISPOS DE EE.UU, “Directrices para la celebración de los sacramentos con las personas discapacitadas”, Ecclesia 2767 (1995) 34-38.

8 PANIZO ORALLO, S., La inmadurez de la Persona y el Matrimonio (Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1996), pp. 31-32.

9 "Discurso a la Rota Romana, de 5 de Febrero de 1987", Ecclesia 2308 (1987) 29.

10 PANIZO ORALLO, S., La inmadurez de la Persona y el Matrimonio, p. 43.

11 GARCIA FAILDE, J.J., Manual de Psiquiatría forense canónica (Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1991), p. 66.

12 DIAZ MORENO, J.M., “El Derecho Canónico ante el matrimonio de los deficientes mentales”, en GAFO, J. – AMOR, J.R. (eds.), Matrimonio y Deficiencia Mental (UPCO & PROMI, Madrid 1997), p. 189.

13 JUAN PABLO II, “Discurso al Tribunal de la Rota Romana de 25 de Enero de 1988”, Ecclesia 2358 (1988) 23.

14 DÍAZ MORENO, J.M., “El Derecho Canónico ante el matrimonio de los deficientes mentales”, en GAFO, J. – AMOR, J.R. (eds.), Matrimonio y Deficiencia Mental, p. 198. Antonio MOSTAZA afirma con claridad que “se considera que el débil mental que supera el 50 por 100 de inteligencia normal es capaz de contraer matrimonio”: MANZANARES, J. - MOSTAZA, A. - SANTOS, J.L., Nuevo Derecho Parroquial (BAC, Madrid 1990), p. 405.

15 PANIZO ORALLO, S., La inmadurez de la Persona y el Matrimonio, pp. 20-21.

16 PANIZO ORALLO, S., “La normalidad/anormalidad para consentir en el matrimonio”, en AZNAR GIL, F.R., Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, vol. X (Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca 1992), pp.59-60.

17 VANIER, J., Hombre y mujer los creó (PPC, Madrid 2001), pp. 195-196.