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Prestaciones Familiares de la Seguridad Social

Asignación económica por hijo a cargo

Haremos referencia únicamente a la asignación por hijo con discapacidad. Esta prestación viene regulada en los artículos 351 a 356 y 361 a 362 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social).

Desde el 1 de enero de 2004 tiene una sola modalidad, no contributiva.

Se entiende por hijo a cargo aquel que viva con el beneficiario y a sus expensas. Se entiende que la separación transitoria, motivada por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares no rompe la convivencia entre padres e hijos. No se pierde la condición de hijo a cargo por el mero hecho de que el hijo realice un trabajo lucrativo, por cuenta propia o ajena, siempre que continúe conviviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante (es decir, del hijo) en concepto de rendimientos del trabajo no superen el 100 por 100 del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

En aras de una mayor claridad vamos a distinguir los supuestos en que el hijo a cargo sea menor de dieciocho años de aquellos supuestos en que sea mayor de esta edad.

Hijo menor de dieciocho años

La prestación consiste en una asignación económica, por cada hijo, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de estos (matrimonial o no, biológico o adoptado) menor de dieciocho años y afectado por una minusvalía igual o superior al 33 por 100. También se concede por los menores acogidos, en acogimiento familiar, permanente o guarda con fines de adopción. La cuantía de la asignación se actualiza cada varios años mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado u otra norma que la acompañe. La cuantía para el año 2017 es 1.000 € anuales. La cuantía no aumenta con el porcentaje reconocido de discapacidad por parte de la Administración. Se tiene derecho a la asignación con independencia de los recursos económicos de que disponga la familia. El pago es semestral por semestre vencido y lo efectúa la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tienen derecho a la asignación económica el padre o la madre del niño con discapacidad, que reúnan los siguientes requisitos:

  • Deben residir legalmente en territorio español.
  • Tener a cargo un hijo o acogido con discapacidad menor de dieciocho años
  • No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.
  • No hay requisito de ingresos económicos cuando el hijo o hija tiene una discapacidad.

Si tanto el padre como la madre reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la prestación,  sólo se reconocerá a favor de uno de ellos determinado de común acuerdo (se presumirá que existe acuerdo cuando la asignación económica se solicite por uno de los padres.) Si no existiera acuerdo entre los padres se determinará conforme a las reglas establecidas en el Código Civil en cuanto a la patria potestad. En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignación se conservará para el padre o la madre por los hijos que tengan a su cargo, aunque se trate de persona distinta a aquella que la tenía reconocida antes de producirse la separación judicial o divorcio.

También tendrán derecho a la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres, aquellos huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años y con discapacidad.

El mismo criterio se aplica para los niños que hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

Incompatibilidades:

Además de los supuestos en que tanto el padre como la madre reúnen los requisitos para ser beneficiarios que se resuelven como hemos visto anteriormente, la asignación por hijo a cargo será incompatible con la percepción, por parte del padre o la madre, de cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.

Hijo mayor de dieciocho años

La prestación consiste en una asignación económica, por cada hijo, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación de estos (matrimonial o no, biológico o adoptado) mayor de dieciocho años y afectado por una discapacidad igual o superior al 65 por 100. Téngase en cuenta que al cumplir el hijo los dieciocho años, si el porcentaje de discapacidad reconocido es inferior al 65 % (según el criterio de la Administración) deja de percibirse la asignación que se percibía antes de cumplir esa edad. En esta etapa si aumenta la cuantía de la asignación económica con el porcentaje de discapacidad reconocido. Las cuantías de la asignación se actualizan anualmente (la última vez mediante Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017 (BOE 31 diciembre 2016)

 . Con arreglo a esta norma, las cuantías para el año 2017 son las siguientes:

Hijo mayor de dieciocho años y con una discapacidad igual o superior al 65 por 100: 4.426,80 euros/año (368,90 € /mes).

Hijo mayor de dieciocho años y con una discapacidad igual o superior al 75 por 100 y necesitado del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida (es decir grado de dependencia reconocido): 6.640,80 euros/año (553,40 € / mes).

El grado de discapacidad, a efectos del reconocimiento de las asignaciones por hijo con discapacidad a cargo, se determina con arreglo a los baremos incluidos en el Real Decreto 1971/1999 del que tanto hemos hablado.
En cuanto a la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida, se acredita mediante resolución que reconozca la situación de dependencia en cualquier grado (I, II o III).
Se tiene derecho a la asignación con independencia de los recursos económicos de que disponga la familia.

El pago es mensual por mes vencido y lo efectúa la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tienen derecho a la asignación económica el padre o la madre del hijo con discapacidad, que reúna los siguientes requisitos:

  • Debe residir legalmente en territorio español.
  • Tener a cargo un hijo con discapacidad mayor de dieciocho años y afectado por una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100.
  • No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.
  • No hay requisito de ingresos económicos cuando el hijo o hija tiene una discapacidad.

Si tanto el padre como la madre reúnen los requisitos para ser beneficiarios de la prestación,  sólo se reconocerá a favor de uno de ellos determinado de común acuerdo (se presumirá que existe acuerdo cuando la asignación económica se solicite por uno de los padres.) Si no existiera acuerdo entre los padres se determinará conforme a las reglas establecidas en el Código Civil en cuanto a la patria potestad. En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignación se conservará para el padre o la madre por los hijos que tengan a su cargo, aunque se trate de persona distinta a aquella que la tenía reconocida antes de producirse la separación judicial o divorcio.

También tendrán derecho a la asignación que, en su caso y en razón de ellos, hubiera correspondido a sus padres, aquellos huérfanos de padre y madre, mayores de dieciocho años y con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100,. El mismo criterio se aplica para los hijos que hayan sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

También serán beneficiarios de las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres, los hijos con discapacidad mayores de 18 años que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar. No hay límite de edad para seguir percibiéndola y no la pierde por casarse el hijo si tramita el cambio antes.

Incompatibilidades:

Además de los supuestos en que tanto el padre como la madre reúnen los requisitos para ser beneficiarios que se resuelven como hemos visto anteriormente, la asignación por hijo a cargo será incompatible con la percepción, por parte del padre o la madre, de cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.

Asimismo, la percepción de las asignaciones económicas por hijo minusválido a cargo, será incompatible con la condición, por parte del hijo con discapacidad, de pensionista de invalidez o jubilación en la modalidad no contributiva.

Efectos:

Solicitada la prestación familiar por hijo a cargo, la Seguridad Social viene reconociendo el derecho a la asignación económica a partir del día primero del trimestre natural inmediatamente siguiente al de presentación de la solicitud (en aplicación del artículo 17.1 del Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, pero cabe pedir al hacer la solicitud que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud (al amparo del art.53.1 LGSS).

Prestación por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad

En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social.

Se considerará a una familia como familia numerosa, según lo dispuesto en la Ley de Protección a las Familias Numerosas.

Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la familia.

A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación, será necesario que el padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, reúna los requisitos establecidos en las letras a), c) y d) del artículo 352.1. de la Ley General de Seguridad Social, es decir no reunir ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.576,83 euros. La cuantía anterior se incrementará en un 15 por ciento por cada hijo o menor a cargo, a partir del segundo, este incluido.

No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación económica por hijo a cargo si sus ingresos anuales no son superiores a 17.423,84 euros en los supuestos en que concurran tres hijos a cargo, incrementándose en 2.822,18 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.

En el supuesto de convivencia del padre y de la madre, si la suma de los ingresos de ambos superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos. Igual regla se aplicará en los supuestos en que el acogimiento familiar permanente o la guarda con fines de adopción, se haya constituido por dos personas que formen una misma unidad familiar.

Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos primeros párrafos se actualizarán anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo porcentaje que en dicha ley se establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

La prestación por nacimiento o adopción de hijo, consistirá en un pago único de 1.000 euros.

En los casos en que los ingresos anuales percibidos, de cualquier naturaleza, superen el límite establecido en el artículo 352.1.c) pero sean inferiores al resultado de sumar a dicho límite el importe de la prestación, la cuantía de esta última será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y el resultado de la indicada suma.

No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor sin discapacidad a cargo establecida en artículo 353.1.

A efectos del cómputo del número de hijos para ser beneficiario de esta prestación, los hijos con discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento computarán doble.

Para ser beneficiario de la prestación el padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, reúna los siguientes requisitos:

- Residir legalmente en España
- Cumplir con los requisitos de ingresos explicados anteriormente
- No tener derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

También existe una prestación por parto o adopción múltiple regulada en los artículos 359 y 360 de la Ley General de la Seguridad Social.

Legislación:

Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.
Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre que regula las prestaciones familiares de la Seguridad Social.


Pensiones no contributivas de invalidez

Persona con discapacidad mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años

La persona con discapacidad que trabaje y esté dada de alta en la Seguridad Social, tendrá derecho (o podrá causar derecho) a todas las prestaciones económicas aplicables a cualquier trabajador (prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad laboral transitoria, invalidez en su modalidad contributiva, jubilación en su modalidad contributiva, desempleo en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y supervivencia).

Puede ser que la persona con discapacidad, al alcanzar la mayoría de edad, por diferentes razones no trabaje o que trabajando, no perciba ingresos suficientes. Veremos a continuación en qué supuestos podrá tener derecho a la pensión no contributiva de invalidez regulada en los artículos 363 a 368 de la Ley General de Seguridad Social aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE 31 octubre 2015) y en el Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto Legislativo anterior), (BOE 21 marzo 1991). Por último también está regulada en Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación. (BOE del 20 de noviembre).

Requisitos:

Tendrán derecho a la pensión de invalidez, en su modalidad no contributiva, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años
  2. Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
  3. Estar afectadas por una discapacidad, en un grado igual o superior al sesenta y cinco por cien.
  4. Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considera que existen rentas o ingresos insuficientes cuando los ingresos de que disponga anualmente sean inferiores a la cuantía anual de la prestación (que se fija en la Ley de Presupuestos Generales del Estado). Esta pensión no es incompatible con el trabajo siempre que no se excedan los límites de ingresos fijados.

Aunque el solicitante carezca de rentas  o ingresos propios, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de la unidad económica sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenido conforme a las siguientes reglas:

  • Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.
  • Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica serán equivalentes a la cuantía anual de la pensión más el resultado de multiplicar el setenta por cien de dicha cifra (la de la pensión) por el número de convivientes menos uno.
  • Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán dos veces y media la cuantía que resulte de la aplicación del párrafo anterior.
  • Se considerarán ingresos o rentas computables cualesquiera bienes y derechos derivados tanto del trabajo como del capital así como los de naturaleza prestacional. Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el IRPF, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijo a cargo (pero el beneficiario tiene la incompatibilidad de que no puede ser a la vez la causa de una prestación familiar por hijo a cargo).

Por ejemplo, en 2017, existe carencia cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para 2017, sean inferiores a 5.164,60 € anuales, que es la cuantía anual de esta pensión..

No obstante, si son inferiores a 5.164,60 € anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen más adelante.

Existirá Unidad Económica de Convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. El parentesco por consanguinidad hasta el 2º grado alcanza a: padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante

Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:

Nº convivientes      €/Año

2                           8.779,82

3                         12.395,04

4                         16.010,26

Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos:

Nº convivientes      €/Año

2                         21.949,55

3                         30.987,60

4                         40.025,65

Cuantía de la pensión

La cuantía de la pensión se fija en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2017 la cuantía ha quedado fijada en 5.164,60 € anuales, es decir 368,90 € / mes (hay 14 pagas).

Ahora bien, a diferencia de la prestación familiar por hijo a cargo, en esta pensión si se tienen en cuenta los ingresos que percibe la familia, tanto para reunir los requisitos para tener derecho a la pensión (como ya hemos visto) como a la hora de calcular la cuantía de la misma. En cuanto a la cuantía, se aplican las siguientes normas:

  • Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá determinada en función de las reglas a) y b) establecidas en el artículo 364.1 LGSS (que las reduce un poco)
  • La cuantía anual se reducirá en un importe igual al de las rentas o ingresos  anuales de que disponga cada beneficiario.
  • Cuando el beneficiario conviva en una unidad económica con personas no beneficiarias, si entre todos sumando la pensión superan el límite de acumulación de recursos descrito en el apartado de requisitos, la pensión se reducirá para no sobrepasar dicho límite.
  • En cualquier caso, la cuantía de la pensión reconocida será como mínimo del 25 por cien del importe fijado por la Ley de Presupuestos (reducido en su caso por las reglas establecidas para cuando hay más de un beneficiario en una unidad económica).

Complemento por necesidad de tercera persona

Cuando una persona cumpla los requisitos a), b) y d) anteriormente señalados (edad, residencia, situación de necesidad) y además esté afectada por una discapacidad en un grado igual o superior al setenta y cinco por cien y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos (esto se traduce en tener un grado de dependencia reconocido) tendrá derecho a un complemento equivalente al cincuenta por cien del importe de la pensión establecido en la Ley de Presupuestos.

La cuantía para el año 2017 es con el incremento de 7746,90 € anuales, es decir 14 pagas de 553,35 €.

Límites cuando se inicia una actividad lucrativa

En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos múltiples, excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta reducción no afectará al complemento previsto en el artículo 364.6 LGSS.

Obligaciones

Los preceptores de las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva estarán obligados a comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas. En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forma parte, referida al año inmediato precedente.

Incompatibilidades

Esta pensión tiene las siguientes incompatibilidades:

La Pensión no Contributiva de Invalidez es incompatible con la Pensión No Contributiva de Jubilación, con las Pensiones Asistenciales (PAS) y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona contemplados en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como con la condición de causante de la Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad.

Efectos

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.

«Dónde se solicita

La gestión y reconocimiento del derecho a percibir una Pensión no Contributiva (PNC) se realiza por las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se hace directamente por el Imserso.

La solicitud de PNC podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo.»

Legislación:

Ley General de la Seguridad Social aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE 31 octubre 2015).

Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto Legislativo anterior), (BOE 21 marzo 1991).

Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación. (BOE del 20 de noviembre).


Pensiones no contributivas de jubilación

Persona con discapacidad mayor de sesenta y cinco años

Veremos a continuación en qué supuestos una persona con discapacidad mayor de 65 años podrá tener derecho a la pensión no contributiva de jubilación regulada en los artículos 369 a 372 de la Ley General de Seguridad Social aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE 31 octubre 2015) y en el Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto Legislativo anterior), (BOE 21 marzo 1991). Por último también está regulada en Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación. (BOE del 20 de noviembre).

Requisitos:

Tendrán derecho a la pensión de jubilación, en su modalidad no contributiva, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

  1. Haber cumplido sesenta y cinco años de edad.
  2. Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante diez años entre la edad de dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
  3. Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considera que existen rentas o ingresos insuficientes en los mismos supuestos que para la pensión no contributiva de invalidez.

Obsérvese que para percibir esta pensión no es preciso tener un porcentaje de discapacidad reconocido.

Cuantía de la pensión

La cuantía de la pensión se fija en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2004 la cuantía ha quedado fijada en 3.868,20 € anuales, es decir 276,30 € / mes (hay 14 pagas).

Al igual que para la pensión no contributiva de invalidez se tienen en cuenta los ingresos que percibe la familia, tanto para reunir los requisitos para tener derecho a la pensión (como ya hemos visto) como a la hora de calcular la cuantía de la misma (incluido el complemento del 50 por 100 para los que tengan un grado igual o superior al 75 por 100 y necesidad de tercera persona). Se aplican las mismas normas que para la pensión no contributiva de invalidez.

Obligaciones

Los preceptores de las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva estarán obligados a las mismas comunicaciones y declaraciones de ingresos que los preceptores de la pensión no contributiva de invalidez.

Incompatibilidades

Tiene las mismas incompatibilidades que la pensión no contributiva de invalidez.

Efectos

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de jubilación en su modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.

Dónde se solicita

La gestión y reconocimiento del derecho a percibir una Pensión no Contributiva (PNC) se realiza por las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). En las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se hace directamente por el Imserso.

La solicitud de PNC podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo.

Legislación:

Ley General de la Seguridad Social aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE 31 octubre 2015).

Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto Legislativo anterior), (BOE 21 marzo 1991).

Orden PRE/3113/2009, de 13 de noviembre, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, sobre rentas o ingresos computables y su imputación. (BOE del 20 de noviembre).


Protección por muerte y supervivencia

Se trata de prestaciones que se otorgan por el fallecimiento del causante de la misma. A efectos de este portal, interesan solamente la pensión de orfandad (para el caso de fallecimiento del padre o la madre de una persona con discapacidad) y las prestaciones a favor de familiares (nietos y hermanos con discapacidad, fundamentalmente).

El causante de la prestación deberá reunir en el momento del fallecimiento los siguientes requisitos:

  • Estar afiliadas y en alta en Régimen General o en situación asimilada al alta. No será necesario que se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años.
  • Ser perceptor de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumpla el período de cotización que, en su caso, esté establecido.
  • Ser pensionistas por incapacidad permanente y jubilación, ambos en su modalidad contributiva.

Pensión de orfandad (art.224 LGSS)

Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos del causante siempre que al fallecer el causante sean menores de veintiún años o estén incapacitados para el trabajo (incapacidad permanente absoluta o gran invalidez determinada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tras un reconocimiento médico.)

En los casos en que el hijo del causante no efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual, podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha de fallecimiento del causante, aquél fuera menor de 25 años.

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico.

La pensión de orfandad se abonará a quien tenga a su cargo al beneficiario.

Cuantía

Para cada huérfano, la cuantía será equivalente al 20 por 100 de la base reguladora del causante calculada de acuerdo con las normas señaladas para la pensión de viudedad, que varían según los casos.

El porcentaje del 20 por 100 se incrementa en un 52 por 100 (el de la pensión de viudedad) cuando no quede cónyuge viudo al fallecer el causante o cuando dicho cónyuge viudo falleciese estando percibiendo la pensión de viudedad. Si hubiera varios huérfanos se distribuiría a partes iguales entre todos ellos.

En el supuesto de que concurran en los mismos beneficiarios pensiones de orfandad causadas por el padre y la madre, dichas pensiones serán compatibles entre sí.

Extinción

Se extinguirá por las siguientes causas que afecten al beneficiario:

  • Cumplir la edad mínima fijada en cada caso, de las previstas en el artículo 175 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que, en tal momento, tuviera reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez.
  • Cesar la incapacidad que le otorgaba el derecho a pensión.
  • Adopción.
  • Contraer matrimonio, salvo que estuviera afectado por incapacidad en uno de los grados señalados (permanente absoluta o gran invalidez). Nada se dice sobre parejas de hecho.

Compatibilidades e incompatibilidades

Con el trabajo

La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquél perciba. No obstante, debe tenerse en cuenta que:

  • Reconocido el derecho a la pensión de orfandad o, en su caso, prolongado su disfrute, aquél queda en suspenso cuando el huérfano beneficiario realice un trabajo por cuenta ajena o propia, en virtud del cual obtenga unos ingresos (se tendrán en cuenta las retribuciones y las prestaciones de Seguridad Social -desempleo, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad- sustitutivas de aquéllas) que, en cómputo anual, sean superiores al 100% del SMI que se fije en cada momento, también en cómputo anual, produciéndose los siguientes efectos:
  • Si el huérfano es menor de 21 años o tiene reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, la pensión se abonará con independencia de la cuantía de los ingresos que obtenga derivados de su trabajo.
  • Si el huérfano es mayor de 21 años, no incapacitado, la pensión de orfandad se suspenderá:
  • En la fecha del cumplimiento de los 21 años, únicamente, en aquellos casos en que los ingresos derivados del trabajo que viniese realizando el menor, no incapacitado, superen el límite establecido.
  • Desde el día siguiente a aquél en que inicie un trabajo por cuenta ajena o propia (siempre que los ingresos obtenidos del mismo superen el límite establecido), o desde el momento en que los ingresos que se viniesen obteniendo superen dicho límite.
  • El derecho a la pensión se recuperará cuando se extinga el contrato de trabajo, cese la actividad por cuenta propia o, en su caso, finalice la prestación por desempleo, incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o maternidad o, en los supuestos en que se continúe en la realización de una actividad o en el percibo de una prestación, cuando los ingresos derivados de una u otra no superen los límites establecidos.
  • La percepción de la pensión es compatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, con las mismas condiciones y requisitos que en el sector privado.

Con otras prestaciones

Con carácter general, las pensiones de un mismo régimen son incompatibles entre sí cuando coinciden en un mismo beneficiario, a no ser que se disponga lo contrario, legal o reglamentariamente. En caso de incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas. (por ejemplo pensión no contributiva de invalidez).  Si es compatible con la prestación familiar por hijo a cargo.

Con pensión de incapacidad permanente/jubilación:

  • Los huérfanos, con derecho a pensión de orfandad, que tengan reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón de la misma incapacidad, deberán optar entre una y otra.
  • Cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de 18 años, la pensión de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente que pudiera causar, después de los 18 años, como consecuencia de unas lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad o, en su caso, con la pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta propia o ajena.

Con pensión de viudedad:

La pensión de orfandad que perciba el huérfano incapacitado que hubiera contraído matrimonio será incompatible con la pensión de viudedad a la que posteriormente pudiera tener derecho, debiendo optar entre una u otra.

Con otra pensión de orfandad:

  • Son compatibles las pensiones de orfandad causadas por cada uno de los padres, aunque sean del mismo régimen, si bien sólo una de ellas podrá ser incrementada con el porcentaje de viudedad.
  • Si el causante no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del fallecimiento, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de orfandad en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante 15 años.

Prestación a favor de familiares (art. 226 LGSS)

Los beneficiarios de esta pensión son los familiares consanguíneos del causante que reúnan una serie de requisitos:

  • Nietos y hermanos
    1. Menores de dieciocho años o que tengan reducida su capacidad de trabajo en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez (determinada por el INSS tras un reconocimiento médico.)
    2. Huérfanos de padre y madre
    3. Que convivieran con el causante, y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél.
    4. Que no tengan derecho a pensión pública
    5. Que carezcan de medios de subsistencia y no queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos según la legislación civil. Se entenderá que carece de medios cuando sus ingresos anuales sean iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI). Si trabajaran por cuenta ajena o por cuenta propia será preciso además que los ingresos anuales procedentes del trabajo o de la actividad profesional no superen el 75 por 100 del SMI.
  • Madre y abuelas
    1. Viudas, solteras o casadas cuyo marido esté incapacitado para el trabajo
    2. Que reúnan las condiciones c), d) y e) del punto 1) referido a nietos y hermanos.
  • Padre y abuelos
    1. Que tengan cumplidos los sesenta años de edad o se hallen incapacitados para el trabajo
    2. Que reúnan las condiciones c), d) y e) del punto 1) referido a nietos y hermanos.

Cuantía

La cuantía será para cada uno de ellos igual a la señalada para la prestación de orfandad.

Extinción

La de los nietos y hermanos, por las mismas causas señaladas para la pensión de orfandad.

La de los ascendientes por contraer matrimonio o por fallecimiento.

Legislación:

Ley General de la Seguridad Social aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (BOE 31 octubre 2015).

Real Decreto 296/2009, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de las prestaciones por muerte y supervivencia.

Orden de 13 de febrero de 1967 por la que se establecen normas para la aplicación y desarrollo de las prestaciones de muerte y supervivencia del Régimen General de la Seguridad Social.


Prestaciones de la LISMI

La Ley 13/1982 de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, estableció una serie de medidas protectoras  para los minusválidos que se encontraran fuera del sistema de protección de la Seguridad Social por no desarrollar una actividad laboral. Incluía medidas de carácter económico y medidas de carácter técnico. La LISMI fue derogada y sustituida por la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad (aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013) cuyos artículos 8 y 9 abordan estas cuestiones

Pueden ser beneficiarios de estas prestaciones y, en concreto, del Subsidio de Movilidad y Compensación por Gastos de Transporte (SMGT) y de la Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica (ASPF) los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplan una serie de requisitos. La gestión y reconocimiento del derecho a estas prestaciones se realiza por las Comunidades Autónomas con competencia en la gestión y por las Direcciones Territoriales del Imserso de Ceuta y Melilla.

Subsidio de ingresos mínimos

Fue derogado por la Ley 26/1990 de 20 de diciembre y sustituido por la pensión no contributiva de invalidez. Solamente se encuentra en vigor para aquellas personas que los tuvieran reconocidos antes de la entrada en vigor de esta ley. La cuantía para el año 2018 es de 2.098,04 € anuales, es decir, catorce pagas de 149,86 €/mes.

Subsidio por ayuda de tercera persona

También fue derogado por la Ley 26/1990 de 20 de diciembre y sustituido por el complemento por necesidad de tercera persona. Por tanto, sólo se encuentra en vigor para aquellas personas que lo tuvieran reconocido antes de la entrada en vigor de esta ley. La cuantía para el año 2018 es de 818,30 € anuales, es decir catorce pagas de 58,45 €/mes.

Subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte

Consiste en una prestación económica de carácter periódico destinada a atender los gastos originados por desplazamientos fuera de su domicilio habitual  de aquellas personas con discapacidad que, por razón de su disminución, tengan graves dificultades para utilizar transportes colectivos.

Beneficiarios

Podrán ser beneficiarias los españoles y extranjeros con residencia legal en España que reúnan los siguientes requisitos:

No estar comprendido en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social por no desarrollar una actividad laboral

No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro Organismo público.

No superar el nivel de recursos económicos establecido, que es del 70 por 100 en cómputo anual del SMI vigente  en cada año. Cuando la persona con discapacidad tenga personas a su cargo, el nivel máximo de recursos personales se incrementa en un 10 por 100 del citado SMI. Cuando la persona con discapacidad forme parte de una unidad familiar de la que dependa se aplican unas reglas especiales así como para determinar cuales son los recursos personales.

Ser mayores de tres años.

Estar afectado por pérdidas funcionales o anatómicas o por deformaciones esenciales, en grado igual o superior al 33 por 100, que le dificulte gravemente utilizar transportes colectivos, de acuerdo con el baremo específico que se fije reglamentariamente (Anexo 3 al Real Decreto 1971/1999).

No encontrarse, por razón de su estado de salud u otras causas, imposibilitado para efectuar desplazamientos fuera de su domicilio habitual.

También pueden ser beneficiarios de este subsidio las personas con discapacidad atendidas en centros en régimen de media pensión, o los que, siendo su régimen de internado, se desplacen fuera del centro como mínimo diez fines de semana al año.

Cuantía

La cuantía para el año 2018 es de 762,00 € en 12 mensualidades de 63,50 € cada una.

Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica

La asistencia sanitaria y farmacéutica tendrá por objeto la prestación de los servicios conducentes a conservar y restablecer la salud de los beneficiarios y se prestarán con idéntica extensión que los de asistencia sanitaria y farmacéutica por enfermedad común, accidente no laboral y maternidad del régimen general de la Seguridad Social. No obstante, la dispensación de medicamentos será gratuita para los beneficiarios.

No se exige un determinado nivel de recursos. Se trata de una ayuda para la persona con discapacidad a quien se conceda y, por tanto, no puede extenderse en ningún caso a los familiares.

Requisitos

Ser español o extranjero con residencia legal en España

No ser beneficiario o no tener derecho, por edad o por cualesquiera otras circunstancias, a prestación o ayuda de análoga naturaleza y finalidad y, en su caso, de igual o superior cuantía otorgada por otro Organismo público.

Estar afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100.

No tener derecho, por cualquier título, obligatorio o como mejora voluntaria, sea como titulares o como beneficiarias, a las prestaciones de asistencia sanitaria, incluida la farmacéutica, del régimen general o regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social. Aunque la ley no lo diga expresamente este requisito se viene interpretando por la Administración generalmente en el sentido de que cuando se tenga derecho a la prestación farmacéutica por otro título, esta se prestará en las condiciones de dicho título, es decir que si se es pensionista, será gratuita, pero si se trata de un niño que está en la cartilla de sus padres pagará el 40% del precio de los medicamentos o el 10%  de la lista de  medicamentos de uso frecuente en enfermedades concretas y de carácter crónico.

Por tanto es una vía residual. Puede consultarse más información en el siguiente enlace: Derechos Asistencia Sanitaria y Prestación Farmacéutica

Tramitación

En las distintas delegaciones territoriales de asuntos sociales o asimiladas de los Órganos Gestores de las Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales vascas y Direcciones Provinciales del IMSERSO de Ceuta y Melilla.

Legislación:

Ley General de Derechos de las personas con discapacidad (aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2013)

RD 383/1984, de 1 de febrero por el que se establece y regula el sistema especial de prestaciones sociales económicas previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.

Orden de 8 de marzo de 1984, por la que se establece el baremo para la determinación del grado de minusvalía y la valoración de diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las prestaciones y subsidios previstos en el Real Decreto 383/1984 (derogada salvo para los preceptores de los extintos subsidios de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona).

Ayudas individuales

Existen ayudas individuales para colaborar en los gastos que ocasiona la atención a las personas con discapacidad. Hay que informarse en los Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma.